Medida cautelar: uso de aprovechamiento objeto de sanción durante el procedimiento judicial

Cuando se adopta una sanción en materia de Derecho de Aguas porque alguien ha regado careciendo de autorización para ello, amén de la correspondiente sanción y la indemnización por daños al dominio público a sufragar, se impone la prohibición de continuar usando el aprovechamiento del que ilegalmente se obtuvo el agua.

Cuando se recurre judicialmente esa sanción, puede solicitarse como medida cautelar la suspensión de esa imposición consistente en la prohibición de uso de tal aprovechamiento. Con la referida medida cautelar se pretende que, mientras dure el procedimiento judicial, se deje sin efecto dicha prohibición y se permita al recurrente continuar explotando el referido aprovechamiento.

En este sentido, para que proceda la adopción de una medida cautelar en el ámbito contencioso-administrativo deben concurrir los siguientes requisitos (Sentencia del Tribunal Supremo de 13/05/2005):   a) la adopción de la medida, exige de modo ineludible, que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia…; b) aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar, siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercer… y, c) en todo caso el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el Órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige una motivación…

Recientemente el Auto del Tribunal Supremo de 29/05/2018 ha resuelvo una solicitud de medida cautelar en el que, por un sujeto sancionado, se requirió la suspensión de la prohibición de uso de un aprovechamiento impuesta junto a la sanción adoptada por el Consejo de Ministros por la que se impuso a un municipio una multa de 1.000.000 euros y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio hidráulico en la cuantía de 331.597,12 euros.

Al respecto, el Tribunal Supremo rechazó tal solicitud dado que de proseguir surtiendo de agua a través de dicho pozo podría ponerse en peligro la integridad del dominio público hidrológico del que forma parte a fin de preservar un recurso natural de carácter ambiental, cuyo cuidado y garantía la Constitución encomienda a los poderes públicos (artículo 45.2). Puede observarse el criterio seguido por el Tribunal Supremo, máximo órgano de la Magistratura en España, de denegar el uso del aprovechamiento, si quiera cautelarmente, habida cuenta la búsqueda del interés público (preservar un recurso natural de carácter ambiental) en detrimento del beneficio particular.

Publicado en la Revista Agricultura de Editorial Agrícola en la página 30 de su número 1.022.